El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que entre 2017 y 2019, 977 personas físicas y morales en distintas partes del país, realizaron operaciones hechas con facturas falsas que suman más de 339 mil millones de pesos.
Dichas prácticas “conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”.
En un comunicado, Raquel Buenrostro, encargada del SAT, detalló que por tal motivo dió aviso al organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encarga de reunir informes sobre operaciones sospechosas, analizarlos y determinar si se violó la ley.
El órgano, que desde Diciembre pasado está a cargo de Buenrostro Sánchez, señaló que los involucrados en dichos casos emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Si bien informó el monto por el cual se emitieron los comprobantes falsos, no detalló a cuánto ascendió el monto defraudado.
Dichos montos impulsaron al gobierno federal a reforzar la fiscalización, lo cual, a su vez, derivó en cambios en el marco legal para tipificar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, situación que cuestionó el sector privado pero que fue solucionado para no afectar a todos los empresarios.
Quienes obtienen estas facturas lo hacen para bajar el monto de impuestos que deben pagar al fisco, o bien obtener saldos a favor, lo cual genera una pérdida importante en los ingresos tributarios que obtiene el gobierno.
Puede haber contribuyentes que, al tener diferentes proveedores, obtengan una factura falsa sin darse cuenta de ello, por lo cual las autoridades recomiendan siempre revisar su facturación y, en caso de encontrar alguna, acudir con el SAT lo antes posible.
El gobierno federal reforzó la fiscalización, lo cual derivó en cambios en el marco legal para tipificar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, situación que cuestionó el sector privado pero que fue solucionado para no afectar a todos los empresarios.
Repercusiones legales
